Cárceles privadas: ¿Realidad o ficción?

Seguramente seas un seriefilo como yo y hayas podido disfrutar con series del estilo Prision Break, Orange is the New Black y su versión española Vis a Vis. Una de las cosas que más me llamaba la atención respecto de esta última serie fue que se trataba de una cárcel privada, inmediatamente consideré que se trataba de ciencia ficción y de que en España esto no podía ocurrir jamás.

Siempre hemos observado el sistema penitenciario de EEUU con horror dado que aparte de que el establecimiento de la pena de muerte es competencia de cada estado, la construcción y la gestión tanto interna como externa de los centros penitenciarios viene de la iniciativa privada. De esta manera con el paso de los años se ha formado el denominado lobby carcelario, grupos de interés que presionan al gobierno para que la legislación en materia penal sea más dura, lo que implica un agravamiento de las penas. Los datos más destacados de EEUU se resumen en un aumento del 100% de la población reclusa en los últimos 25 años, mientras que la población total de EEUU apenas ha crecido un 30% desde entonces. Esta situación que desde Europa podemos considerar como indeseable dado que el derecho penal es el pilar básico del derecho público dado que es el ius puniendi del Estado lo que habilita tener que quitarle la libertad a una persona.

En España no sabemos la realidad del sistema penitenciario porque confiamos en que lo gestionan las Administraciones Públicas, de manera que la situación de las cárceles se hace invisible a nuestros ojos, se comete un delito y como consecuencia interviene la policía, después interviene el juez instructor y posteriormente el órgano encargado del enjuiciamiento, encargado de dictar sentencia y que ésta se ejecute en el caso de ser condenatoria. Hasta ahí es donde los medios ponen la atención, sin embargo, la ejecución y lo que ocurre dentro de las instituciones penitenciarias se ha vuelto invisible.

Hemos confiado en que las Administraciones Públicas gestionen los centros penitenciarios respetando los derechos fundamentales y la dignidad humana, pero a raíz de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, LO 4/2015 y la Ley de Seguridad Privada, Ley 5/2014, se habilita a las empresas la construcción y la gestión externa de centros penitenciarios, así como la gestión indirecta de los servicios de los centros penitenciarios. Con estas decisiones del legislador se ha abierto al mercado parte de la gestión penitenciaria, de momento la gestión interna sigue siendo competencia asumida por la Administración Pública, sin embargo, se ha abierto la veda.

Por desgracia esta situación también se ha trasladado a las Comunidades Autónomas, competentes en la ejecución de las medidas de seguridad aplicadas a los menores de edad en los centros de internamiento.  Esta situación ha provocado la construcción de centros de internamiento privados en los que se encuentra el sector más vulnerable de nuestra sociedad. Se ha justificado esta política legislativa por la crisis económica en la que vivimos, pero dudo que esta situación vuelva a su estado anterior de manera que por lo menos tenemos que estar con los ojos abiertos una realidad que el legislador quiere que sea invisible para los ciudadanos.