Seguramente seas un seriefilo como yo y hayas podido disfrutar con series del estilo Prision Break, Orange is the New Black y su versión española Vis a Vis. Una de las cosas que más me llamaba la atención respecto de esta última serie fue que se trataba de una cárcel privada, inmediatamente consideré que se trataba de ciencia ficción y de que en España esto no podía ocurrir jamás.
Siempre hemos observado el sistema penitenciario de
EEUU con horror dado que aparte de que el establecimiento de la pena de muerte
es competencia de cada estado, la construcción y la gestión tanto interna como
externa de los centros penitenciarios viene de la iniciativa privada. De esta
manera con el paso de los años se ha formado el denominado lobby carcelario, grupos de interés que presionan al gobierno para
que la legislación en materia penal sea más dura, lo que implica un
agravamiento de las penas. Los datos más destacados de EEUU se resumen en un
aumento del 100% de la población reclusa en los últimos 25 años, mientras que
la población total de EEUU apenas ha crecido un 30% desde entonces. Esta
situación que desde Europa podemos considerar como indeseable dado que el
derecho penal es el pilar básico del derecho público dado que es el ius puniendi del Estado lo que habilita
tener que quitarle la libertad a una persona.
En España no sabemos la realidad del sistema
penitenciario porque confiamos en que lo gestionan las Administraciones
Públicas, de manera que la situación de las cárceles se hace invisible a
nuestros ojos, se comete un delito y como consecuencia interviene la policía, después
interviene el juez instructor y posteriormente el órgano encargado del
enjuiciamiento, encargado de dictar sentencia y que ésta se ejecute en el caso
de ser condenatoria. Hasta ahí es donde los medios ponen la atención, sin embargo,
la ejecución y lo que ocurre dentro de las instituciones penitenciarias se ha
vuelto invisible.
Hemos confiado en que las Administraciones Públicas
gestionen los centros penitenciarios respetando los derechos fundamentales y la
dignidad humana, pero a raíz de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, LO
4/2015 y la Ley de Seguridad Privada, Ley 5/2014, se habilita a las empresas la
construcción y la gestión externa de centros penitenciarios, así como la
gestión indirecta de los servicios de los centros penitenciarios. Con estas
decisiones del legislador se ha abierto al mercado parte de la gestión
penitenciaria, de momento la gestión interna sigue siendo competencia asumida
por la Administración Pública, sin embargo, se ha abierto la veda.
Por desgracia esta
situación también se ha trasladado a las Comunidades Autónomas, competentes en
la ejecución de las medidas de seguridad aplicadas a los menores de edad en los
centros de internamiento. Esta situación
ha provocado la construcción de centros de internamiento privados en los que se
encuentra el sector más vulnerable de nuestra sociedad. Se ha justificado esta
política legislativa por la crisis económica en la que vivimos, pero dudo que
esta situación vuelva a su estado anterior de manera que por lo menos tenemos
que estar con los ojos abiertos una realidad que el legislador quiere que sea
invisible para los ciudadanos.
