sábado, 22 de abril de 2017

El Origen del Derecho a la Propiedad



El derecho a la propiedad privada, derecho consagrado en el artículo 33 de la Constitución Española, es para muchos el derecho más importante, incluso hay quiénes esgrimen que es la base de la libertad y del estado de derecho dado que el Estado debe establecer un marco de protección de la propiedad privada. 

El derecho a la propiedad privada no es un derecho fundamental, entendiéndose éste como un derecho objeto de protección por el Tribunal Constitucional. Los derechos fundamentales son aquellos recogidos entre los artículos 14 al 30 de nuestra Carta Magna y el derecho a la propiedad privada no está entre ellos, es decir, cuando a alguien se le expropia o le ocupan su vivienda, podrá acudir a la vía de recursos ordinaria para la defensa de su derecho de propiedad, pero nunca podrá acudir al TC. Debemos pensar en el origen del derecho a la propiedad para poder entender la complejidad de muchos problemas que afectan a la sociedad como pueden ser los desahucios y las dramáticas situaciones que se han producido entorno a éstos.


Para poder aproximarnos al origen de las primeras formas de propiedad les pido a todos los que me estéis leyendo que recordéis un relato bíblico, no hablo de Sodoma y Gomorra, tampoco de Adán y Eva, ni las cartas a los Corintios. No, me refiero a la historia de Caín y de Abel, la historia de Caín y Abel representa una evolución de la humanidad donde dejamos de ser pastores nómadas a ser agricultores que cultivaban la tierra y hacían labores de recolección sin tener que emigrar. Abel era el pastor y Caín el agricultor; el elegido por Dios era Abel y el "malo" era Caín porque poseía la tierra. Este relato bíblico, que podríamos considerarla una fábula explica  por qué el pueblo judío, ha sufrido tanto a lo largo de la historia, porque era un pueblo de pastores nómadas que iban cambiando de tierra y al volver a las tierras que habían dejado tras de sí, vieron con impotencia cómo otros pueblos se asentaban en sus pastos y tierras y se apropiaban de ellas. Desde ese momento a los judíos no se les paro de expulsar de las tierras y de los estados a los que iban, hasta el punto de casi llegar a exterminarlos. La Agricultura como forma de apropiarse la tierra ha generado el mayor conflicto sobre propiedad de la historia de la humanidad, Israel y Palestina. El conflicto no tiene medio siglo de historia, sino que se remonta a los orígenes de la historia.


En esta primera etapa el fundamento del derecho a la propiedad era que el que cultivaba la tierra era propietario de ella, la Agricultura fue el inicio del derecho a la propiedad. Sin embargo muy pronto este fundamento entró en conflicto con otro, dado que había pueblos que no teniendo tierras, las deseaban de manera que empezaron a iniciarse guerras, de ésta manera el pueblo asirio, originarios de tierras pedregosas e infertiles, hicieron estragos en la civilización sumeria y egipcia, de manera que agricultores debían defenderse de una nueva amenaza, los conquistadores. Con ésta última palabra puedo imaginarme todos los episodios de la historia y de la actualidad que les estarán pasando por la cabeza. 


Por esta razón el derecho a la propiedad no es un derecho fundamental, dado que refleja la naturaleza más sangrienta de la humanidad que ha enfrentado y sigue enfrentando a Agricultores contra Conquistadores que desean la tierra.

lunes, 6 de febrero de 2017

Cárceles privadas: ¿Realidad o ficción?


Seguramente seas un seriefilo como yo y hayas podido disfrutar con series del estilo Prision Break, Orange is the New Black y su versión española Vis a Vis. Una de las cosas que más me llamaba la atención respecto de esta última serie fue que se trataba de una cárcel privada, inmediatamente consideré que se trataba de ciencia ficción y de que en España esto no podía ocurrir jamás.

Siempre hemos observado el sistema penitenciario de EEUU con horror dado que aparte de que el establecimiento de la pena de muerte es competencia de cada estado, la construcción y la gestión tanto interna como externa de los centros penitenciarios viene de la iniciativa privada. De esta manera con el paso de los años se ha formado el denominado lobby carcelario, grupos de interés que presionan al gobierno para que la legislación en materia penal sea más dura, lo que implica un agravamiento de las penas. Los datos más destacados de EEUU se resumen en un aumento del 100% de la población reclusa en los últimos 25 años, mientras que la población total de EEUU apenas ha crecido un 30% desde entonces. Esta situación que desde Europa podemos considerar como indeseable dado que el derecho penal es el pilar básico del derecho público dado que es el ius puniendi del Estado lo que habilita tener que quitarle la libertad a una persona.

En España no sabemos la realidad del sistema penitenciario porque confiamos en que lo gestionan las Administraciones Públicas, de manera que la situación de las cárceles se hace invisible a nuestros ojos, se comete un delito y como consecuencia interviene la policía, después interviene el juez instructor y posteriormente el órgano encargado del enjuiciamiento, encargado de dictar sentencia y que ésta se ejecute en el caso de ser condenatoria. Hasta ahí es donde los medios ponen la atención, sin embargo, la ejecución y lo que ocurre dentro de las instituciones penitenciarias se ha vuelto invisible.

Hemos confiado en que las Administraciones Públicas gestionen los centros penitenciarios respetando los derechos fundamentales y la dignidad humana, pero a raíz de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, LO 4/2015 y la Ley de Seguridad Privada, Ley 5/2014, se habilita a las empresas la construcción y la gestión externa de centros penitenciarios, así como la gestión indirecta de los servicios de los centros penitenciarios. Con estas decisiones del legislador se ha abierto al mercado parte de la gestión penitenciaria, de momento la gestión interna sigue siendo competencia asumida por la Administración Pública, sin embargo, se ha abierto la veda.

Por desgracia esta situación también se ha trasladado a las Comunidades Autónomas, competentes en la ejecución de las medidas de seguridad aplicadas a los menores de edad en los centros de internamiento.  Esta situación ha provocado la construcción de centros de internamiento privados en los que se encuentra el sector más vulnerable de nuestra sociedad. Se ha justificado esta política legislativa por la crisis económica en la que vivimos, pero dudo que esta situación vuelva a su estado anterior de manera que por lo menos tenemos que estar con los ojos abiertos una realidad que el legislador quiere que sea invisible para los ciudadanos.